Ante la necesidad de consagrar en el Código Penal el contexto social en el que se registra el delito de feminicidio en el país y en el Estado de Sonora, en la sesión ordinaria del Pleno se presentó una iniciativa para eliminar las barreras normativas que enfrentan las sobrevivientes, las víctimas y sus familiares en la búsqueda de justicia.

También se presentaron proyectos de decreto para reformar y adicionar las leyes de Desarrollo Social y para el Aprovechamiento Integral de Alimentos y su Donación Altruista del Estado de Sonora, con el objeto de incorporar en la norma la obligación a la protección integral de la maternidad, desde la etapa gestacional, y para crear una comisión estatal para prevenir el desperdicio de alimentos en la entidad, respectivamente.

La primera de las iniciativas presentadas, que fue turnada para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se fundamenta en lo establecido por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará y, en especial, su Comité de Expertas, quienes han manifestado la necesidad de que las políticas públicas y los recursos para combatir la violencia contra las mujeres tengan una perspectiva de derechos humanos, de género y de diversidad.

Dicho Mecanismo recomendó que es indispensable que, en la revisión del tipo penal de feminicidio, se tomen en cuenta los factores de violencia de género que históricamente se han presentado en los hogares, así como aquellos que, en los últimos tiempos, han recrudecido la violencia hacia las mujeres en sus diversas etapas de vida, como la utilización de mujeres y niñas como armas, la feminización de la desaparición forzada, la trata de personas y, recientemente, las medidas de confinamiento implementadas por las autoridades sanitarias para evitar el COVID-19.

Con motivo de lo anterior, el Instituto Nacional de las Mujeres elaboró una propuesta legislativa a adoptarse en las legislaturas locales, a partir de la necesidad de consagrar en la norma penal el contexto social antes aludido, de manera que en la iniciativa presentada este día se propuso adicionar en el Artículo 263 BIS I del Código Penal del Estado de Sonora, como razones de género agravantes a quien cometa el delito de feminicidio, las siguientes:Hallazgos del cuerpo o los restos: que sean expuestos, exhibidos, depositados, arrojados u ocultados en un lugar público o de libre concurrencia; estado de indefensión; antecedentes de cualquier tipo de violencia contra las mujeres; exista o haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza (parentesco, matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, cohabitación, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad).

En el desarrollo de la sesión ordinaria, la Presidencia turnó a la Comisión de Desarrollo Social una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Sonora, con el objeto de garantizar el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de la mujer embarazada, reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, mediante la incorporación expresa de la obligación a la protección integral de la maternidad desde la etapa gestacional.

También se propuso, dentro de la iniciativa, establecer la obligación de observar las políticas públicas en materia de desarrollo social, para asegurar el apoyo a esta población, que suele encontrarse en situación de vulnerabilidad, tomando en consideración la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, que se refieren a la existencia de condiciones de vida y de acceso a los bienes materiales y culturales, en términos adecuados a la dignidad inherente de la persona.

Se pretende establecer la obligación estatal de garantizar a la persona los medios necesarios que permitan su subsistencia y desarrollo de forma digna, y que le permita efectivizar sus múltiples derechos derivados, agrega la propuesta.

La Comisión de Bienestar Social estudiará una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley para el aprovechamiento integral de alimentos y su donación altruista en el Estado de Sonora, a efecto de crear una comisión estatal para prevenir el desperdicio de alimentos y fomentar su aprovechamiento como un órgano de coordinación, colaboración y concertación del gobierno estatal y los gobiernos municipales, así como con los sectores social y privado.

Se propuso incluir en la legislación un padrón alimentario a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, en el que deberán estar registrados los organismos receptores de las donaciones y los donantes, así como establecer la obligación de promover campañas estatales de comunicación de datos respecto a la recuperación alimentaria y a la reducción de los residuos, con el fin de aumentar la conciencia pública y de las empresas sobre las consecuencias negativas de los residuos de alimentos.

Otra de las propuestas que contiene la iniciativa es establecer incentivos fiscales para las empresas y organismos que donen sus alimentos, además de establecer multas para donantes que no cumplan con la obligación de donar los alimentos y para los organismos receptores de la donación que no cumplan con sus fines.

En esta sesión ordinaria se aprobó un dictamen presentado por la Comisión para la Igualdad de Género, mediante el cual el Congreso del Estado resuelve que son improcedentes las iniciativas contenidas en los folios 310, 2732 y 2734, correspondientes a la LXII Legislatura.La Presidencia citó a sesión este jueves 7 de abril, a las 10:00 ho

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