Con el objetivo de ampliar los alcances legales de la Junta de Caminos del Estado, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la legislación en la materia, la cual cambiará su denominación a Ley que crea la Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora.

La Comisión de Movilidad y Seguridad Vial estudió la iniciativa que el pasado 2 de marzo remitió el titular del Poder Ejecutivo estatal ante esta Soberanía, y presentó el dictamen en el que se asienta que este cambio permitirá “abrir la posibilidad de ampliar su estructura de acuerdo a sus necesidades; tendría un nombre más apegado a sus funciones y una estructura operativa más dinámica”.

Además de modificar la denominación de la Ley, la Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora estará sectorizada a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; se sustituye la figura del Consejo de Administración por la Junta Directiva; y se actualiza la composición de este órgano de dirección, establece el Decreto, al que dio lectura la diputada Claudia Zulema Bours Corral.

El organismo tendrá la obligación de modernizar las carreteras y caminos que se deriven de los programas de inversión pública y de apoyo social, y no solo aquellos caminos que procedan de programas convenidos, además se eliminará la facultad de intervenir en el estudio y autorización de los vehículos y cargas que deban transitar por la red carretera a su cuidado, ya que esa facultad corresponde a otras autoridades.

La Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora podrá brindar apoyo a los municipios en la planeación, programación, ejecución, conservación o mantenimiento de calles, bulevares, caminos rurales y demás vialidades a cargo de los órganos de gobierno, además de que el Director General podrá celebrar convenios de colaboración con autoridades municipales, estatales y federales, y con el sector privado.

En esta sesión ordinaria, la asamblea aprobó dos acuerdos, uno mediante el cual el Poder Legislativo resuelve exhortar a la y los titulares de diversas dependencias del Ejecutivo estatal y a la Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, respecto a políticas públicas para la disminución de la incidencia de los delitos sexuales en el Estado.

La diputada Diana Karina Barreras Samaniego, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, expuso que los titulares serían los de las secretarías de Seguridad Pública, de Educación y Cultura, y del Trabajo, para que, de manera coordinada y atendiendo a las facultades y obligaciones que los diversos ordenamientos jurídicos les imponen, elaboren políticas públicas o mejoren las existentes, con la finalidad de que disminuyan los índices delictivos, particularmente los relacionados con los delitos sexuales contemplados en el Código Penal del Estado de Sonora.

También se dirige a la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que realicen capacitaciones continuas a los agentes del Ministerio Público, respecto a la integración de las carpetas de investigación, específicamente las que tienen que ver con la probable comisión de los delitos sexuales referidos.

Junto con el punto de Acuerdo, la legisladora presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora, con el objeto de dar claridad, tanto a los ciudadanos como a las autoridades encargadas de llevar a cabo las investigaciones que pueden ser constitutivas de los diversos delitos que se consignan en la legislación, mediante un nuevo capítulo dentro del Título Primero del Libro Primero.

Explicó que mediante un artículo se consignaría que, para efectos de la persecución de delitos, se dividirán en persecución de oficio y de querella, a solicitud de la víctima u ofendido, o por su equivalente cuando la Ley lo exija y, en el caso de los delitos donde no se establezca textualmente la forma de su persecución e investigación, esta será de oficio. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El segundo Acuerdo aprobado por el Pleno resuelve exhortar a las autoridades correspondientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Desarrollo Rural, así como de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a realizar una mesa de trabajo con autoridades de Estados Unidos, para manifestar el trabajo realizado en materia de pesca sustentable.

El diputado Ernesto Roger Munro Junior afirmó que el objetivo es quitar la restricción del camarón de exportación en el Alto Golfo de California, en beneficio directo de las y los pescadores, así como de la economía sonorense, ya que el vecino país del Norte solo permite vender camarón en territorio nacional, lo que deja en desventaja a las y los pescadores, ya que se les paga una fracción mínima de lo que sería el precio por medio de la exportación en Estados Unidos, lo que afecta gravemente la economía de quienes se dedican a la actividad de la pesca.

“De continuar la prohibición en la materia y no poder exportar este producto a Estados Unidos significaría la disminución de más de 26 mil empleos directos y 105 mil indirectos, tan solo en Sonora y Sinaloa, así como una afectación al bienestar de más de 131 mil familias que dependen de esta actividad”, aseveró el legislador por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Solidario.

Buscan legisladoras se apruebe “Ley Malena” en Sonora

En esta ordinaria, las diputadas Diana Karina Barreras Samaniego, Claudia Zulema Bours Corral, Brenda Lizeth Córdova Búzani, Beatriz Cota Ponce, Alejandra López Noriega y Elia Sahara Sallard Hernández, presentaron un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Sonora y al Código Penal del Estado de Sonora.

La diputada López Noriega expuso que esta iniciativa surge de la terrible experiencia de María Elena Ríos, saxofonista que fue atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019 en su casa, ubicada en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, quien tuvo que ser ingresada a un hospital por la gravedad de las lesiones, las cuales le dejaron secuelas en varias partes del cuerpo. Malena, como se le conoce, había recibido amenazas de muerte de su ex pareja, quien contrató a una persona para lanzarle ácido.

Recordó que el pasado 9 de marzo se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Víctimas, para castigar con hasta 22 años de prisión a quienes causen lesiones con ácido a una mujer; el 15 de marzo el Congreso de Jalisco hizo lo propio y recientemente el Congreso de Puebla aprobó como feminicidio en grado de tentativa y se considere como un tipo de violencia, a la que se le denominó violencia ácida.

“Es por ello que sumamos esfuerzos varias compañeras, sin importar ideología política, con la finalidad de cumplir con las estrategias planteadas por la ONU y cumpliendo compromisos a quienes representamos, y con nuestra responsabilidad como mujeres y legisladoras, para tipificar como feminicidio en grado de tentativa, cuando se cause daño a alguna mujer con ácido o alguna sustancia similar, haciendo la Ley Malena una realidad en Sonora”, externó.

El proyecto de decreto fue leído por la diputada Brenda Lizeth Córdova Búzani, en el cual se define a la violencia ácida como todo acto que causa daño no accidental, por medio del empleo de ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones, puede provocar o no lesiones internas, externas o ambas.

La pena prevista para el delito de feminicidio en grado de tentativa no será menor que la mitad de la prevista para el delito de feminicidio. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

En esta plenaria, el diputado Ernesto De Lucas Hopkins, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó un posicionamiento relativo al 25 de marzo como “Día Estatal de los Profesionales de la Salud que dieron y arriesgaron su vida por las y los sonorenses, combatiendo la pandemia del COVID-19”.

Agregó que, dentro de esta tragedia y al margen de los números, debe reconocerse una realidad: existen héroes y heroínas que, con valentía, aplomo, arrojo y muchísima determinación, pero sobre todo patriotismo, realizaron una extraordinaria labor al ponerse en el primer frente de batalla para brindar al resto de las y los mexicanos, protección y cuidado de la salud en los momentos que más se necesitaron-

“Hoy más que nunca, nosotros como legisladores, debemos de seguir luchando por establecer mejores condiciones de trabajo, precisamente para estos héroes y heroínas que conforman el personal de salud en todos sus niveles. Desde el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano externamos nuestro más profundo reconocimiento y agradecimiento por el trabajo, integridad y, sobre todo, resiliencia y empatía que mostraron en tiempos difíciles”, expresó el legislador.

Antes de clausurar la sesión, el Pleno aprobó habilitar el miércoles 29 de marzo para llevar a cabo una sesión ordinaria. La Presidencia citó para el martes 28 de marzo, a las 11:00 horas.

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