Las y los integrantes de la Bancada Naranja por Movimiento Ciudadano, Rosa Elena Trujillo Llanes, Natalia Rivera Grijalva, Jorge Russo y Ernesto de Lucas en su posicionamiento de la Cuenta Pública del Estado de Sonora y de los municipios, por el ejercicio fiscal 2021, indicaron que hay mucho por ser ser aclarado, o bien sancionado por el mal uso de los recursos públicos.

Reconocieron la labor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) por la adecuada metodología y por presentar por primera vez los informes en lenguaje ciudadano, al hacerlos de fácil consumo, sencillos y accesibles para todas las personas, es por ello que aprobaron el dictamen. Sin embargo, hay 641 observaciones a las que les darán seguimiento, entre las que destacaron:

Economía

El déficit presupuestario acumulado de 2016 a 2021 es de más de 20 mil millones de pesos.

La fiscalización dentro de la auditoría financiera en la Dirección de Control de Fondos, del 2015 al 30 de septiembre de 2021, se observan diversas cuentas de corto plazo por pagar, más de mil 434 millones de pesos sin pólizas y documentación soporte.

En Sonora la deuda pública se incrementó un 33% y la liquidez bajó prácticamente un 50%.

El 2021 arrojó que la Secretaría de Hacienda incumplió la Ley de Disciplina Financiera por casi 1,300 millones de pesos, al incrementar las ADEFAS (adeudos de ejercicios fiscales anteriores) y tratar de esconderlo en la partida 79901 (erogaciones no sectorizables), sin embargo, esto no sólo es detectado por el ISAF en este informe, sino también por la propia Auditoría Superior de la Federación, donde hay una observación por presunto daño patrimonial por más de 1,700 millones de pesos, aún sin solventar.

Inversión Pública

Mientras que la deuda creció, la inversión pública disminuyó: para el ejercicio 2021 se redujo casi 20% la obra (494.80 millones de pesos) en relación con el presupuesto aprobado por este Congreso, de acuerdo al Decreto del Presupuesto de Egresos 2021.

Además, un análisis particular sobre la inversión física indirecta arroja que los recursos presupuestarios no fueron transferidos en su totalidad a los entes ejecutores con una diferencia superior al 42% (casi 682 millones de pesos), en relación con el presupuesto modificado; es decir, recursos que al cierre del ejercicio 2021 no fueron entregados a las entidades paraestatales, otros poderes y órganos autónomos ejecutores de obra pública.

La Secretaría de Hacienda, tampoco destinó al Isssteson los 579 millones de pesos por la venta de terrenos; nunca precisó sobre el destino de los recursos del financiamiento a largo plazo que contrataron en el 2020 por 1,343 millones de pesos.

Igualmente, la Secretaría de Hacienda ejerció 423 millones de pesos, sin documentación soporte de los gastos realizados y pagó otros 72 millones de pesos, en servicios que no cuentan con documentos comprobatorios suficientes.

Por su parte, el Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública gastó 220 millones de pesos en contratos no autorizados.

Salud

En materia de salud, se indica que casi 680 millones de pesos fueron gastados para atender la contingencia sanitaria COVID-19, sin embargo, el ISAF señala que ese recurso estaba previamente dentro del presupuesto en concepto de gasto corriente.

Casi 820 millones de pesos no cuentan órdenes de pago que amparan los recursos transferidos por la Secretaría de Hacienda Estatal; 213 contratos de honorarios relativos al personal asignado para atender la contingencia sanitaria COVID-19, no cuenta con informes de actividades relativos a las funciones desarrolladas por el personal contratado.

Y sin proporcionar evidencia de trabajo, también están más de 7 millones de pesos por fumigación contra el dengue.

Además, en esta cuenta pública de 2021 se registra que el ISSSTESON pagó casi 60 millones de pesos en servicios de imagenología no prestados; así como la erogación de casi 9 millones de pesos en pensiones a personas que fallecieron.

Educación

El programa “Escuelas al 100” fue el pretexto para incrementar el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) en más de 10 mil %; al pasar de un presupuesto aprobado de 1. 7 a 183.3 millones de pesos para la creación del fideicomiso, que creó el gobierno federal junto con Banobras, con el fin de invertir en planteles escolares, obras que ejecuta el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

De igual manera Servicios Educativos del Estado de Sonora, incrementó su presupuesto en 130 millones de pesos para mantenimiento escolar y atender el rezago de requerimientos de alta prioridad.

2021 fue un año de pandemia y escuelas abandonadas.

Por su parte, el Colegio de Bachilleres, Cobach, pagó 17 millones de pesos por un software que no existe.

Municipios

Empalme: ante los grandes rezagos y reclamos ciudadanos, su gobierno municipal sobre giró su nómina; quintuplicó los bonos a servidores públicos y duplicó el gasto en asesorías y otros, por casi 40 millones de pesos.

Navojoa: En este Ayuntamiento se incrementaron la nómina en casi 76 millones de pesos, un 32% de aumento. Violaron no sólo la Ley de Disciplina Financiera, sino toda lógica, en un municipio que incrementa su deuda ante el ISSSTESON por más 84 millones de pesos, solo en el 2021.

Deuda que se acumula y afecta a la institución y a los propios trabajadores que se ven imposibilitados a jubilarse o recibir servicios de salud dignos.

Nogales: realizó pagos de servicios por 27 millones de pesos sin que exista un reporte de los trabajos realizados.

Guaymas: en el proyecto de Playa Incluyente, incumple en prácticamente todos los rubros, desde permisos, contrataciones, calidad, entre otros, por casi 9 millones de pesos. Una obra que, además, ya no existe. Fue fácilmente destruida por las lluvias y la marea.

Sahuaripa y Quiriego: municipios que no timbran su nómina, proceso elemental con inmensos riesgos legales.

Quiriego: cuenta con pólizas de egresos por un gasto de más de un millón 146 mil pesos sin la debida documentación que apruebe dicho gasto.

Señalamientos relevantes

La Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (CEVCE), decomisó 778 vehículos los cuales presuntamente se encontraban destruidos, sin embargo, los mismos fueron localizados vigentes en el padrón vehicular del Estado de Sonora a nombre de particulares.

Y de las 641 observaciones señaladas, se encuentra el ejercicio indebido de casi 11 millones de pesos de la Secretaría de Economía, a través de Impulsor.

Esto, es solo una reseña de lo que debe ser aclarado o bien sancionado por el mal uso de los recursos públicos. Siguen caminando gobiernos opacos y este Poder Legislativo sigue en deuda de ser el contrapeso que las y los sonorenses esperan.

Hay un daño patrimonial y en este sentido, la Bancada Naranja solicita que este Congreso llame a comparecencia pública a las personas titulares de los entes públicos que, hoy en día, tienen los montos más altos pendientes de solventar y que expliquen y justifiquen el nivel de avance de dicha solventación.