Los nombramientos de las y los titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos constitucionalmente autónomos del Estado fueron aprobados por mayoría del Pleno del Congreso del Estado, en sesión extraordinaria en la que también se aprobó una nueva Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público del Estado de Sonora y el Programa de Gestión Institucional 2022-2025 del Poder Legislativo.

Las y los ciudadanos que deberán rendir protesta de Ley ante el Congreso del Estado el 1° de agosto del presente, son: Fernanda Romo Gaxiola, para el OIC del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; Omar Alejandro Tiburcio Cruz, para el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF; Etsaú Vicuña Cadena, para el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ISTAI.

Para el OIC de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se votó por Andrea Escalante Antillón; para el Tribunal Estatal Electoral, Flor Teresita Barceló Noriega; para el Tribunal de Justicia Administrativa, Edgard Acuña Solís; y para la Fiscalía General de Justicia del Estado, Nora María Valenzuela Quijada.

A nombre de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, la diputada Ernestina Castro Valenzuela presentó al Pleno la iniciativa con punto de Acuerdo, la cual se fundamenta en la fracción XV del Artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Sonora y en apego a lo dispuesto en la base séptima de la convocatoria pública para designar a las o los ciudadanos que habrán de ocupar los cargos de titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos constitucionalmente autónomos.

Fueron 51 ciudadanos los que se registraron para participar en el proceso de selección, a quienes los integrantes de la CRICP entrevistaron los días 27 y 28 de junio, a efecto de conocer sus trayectorias profesionales y proyectos de trabajo para el o los organismos a los que deseaban pertenecer.

La presidenta de la mesa directiva, diputada Natalia Rivera Grijalva, sometió a votación las siete propuestas de tres ciudadanos cada y más de la mitad más uno de los integrantes del Pleno votó por el primero de cada terna, por lo que no fue necesario votar por el resto de los aspirantes.

El Acuerdo establece que los titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos constitucionalmente autónomos deberán rendir protesta de Ley ante el Congreso del Estado el 1° de agosto del presente y durarán en su encargo cuatro años.

En esta sesión extraordinaria del Pleno se aprobó por mayoría una nueva Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público del Estado de Sonora, cuyo dictamen fue presentado por la Comisión de Hacienda, que estudió la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo estatal el pasado 18 de mayo.

De acuerdo a la parte de los considerandos del dictamen, en el Estado se cuenta con una Ley específica en el tema, denominada: Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la administración pública estatal, normativa que data del año 1988 y ha sido reformada en escasas ocasiones, la última en 2017.

Agrega que es preocupante que la última reforma considerable que tuvo la normatividad local en materia de adquisiciones fue en 2010, en un tiempo en el que existía un contexto diferente en cuanto a rendición de cuentas, por lo cual resulta insuficiente para acabar con las malas prácticas en el ejercicio de los recursos públicos, que han sido duramente reprochadas por la sociedad.

“La iniciativa que es materia del presente dictamen nos ofrece la aprobación de una nueva Ley que nos parece positiva y recomendamos ampliamente que sea aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo, homologando sus disposiciones al marco jurídico federal, además de establecer nuevos lineamientos que atiendan plenamente los ideales consagrados en las constituciones Federal y local”, establece uno de los considerandos.

Pero sobre todo, que establezca mejores condiciones para garantizar los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, para que sean acordes a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que deben regir esta materia, destaca.

La Ley, que fue aprobada por mayoría, consta de 96 artículos divididos en siete títulos: Disposiciones generales; Comité Central de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; De los procedimientos de contratación; De los contratos; De la información y verificación; De las infracciones y sanciones; y De la solución de las controversias.

En el desarrollo de esta extraordinaria, la asamblea aprobó el Acuerdo que resuelve que, el Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley de planeación del Estado de Sonora, resuelve aprobar el Programa de Gestión Institucional 2022-2025 del Poder Legislativo del Estado de Sonora.

Esta iniciativa fue presentada por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en cuya lectura, el diputado Ernesto De Lucas Hopkins destacó que participaron los titulares de las unidades administrativas del Congreso y se abrió la consulta ciudadana, como parte del Parlamento Abierto, a través del micrositio publicado en la página oficial, lo que dio como resultado el programa que consta de cuatro ejes:

1.       Representatividad, agenda legislativa y fiscalización para el desarrollo;

2.       Orden y disciplina parlamentaria, austera y de alto desempeño;

3.       Investigación legislativa y Parlamento Abierto; y

4.       Prevención y control interno.

Entre los asuntos desahogados de la sesión extraordinaria se encuentra el proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Agua del Estado de Sonora, dictamen presentado por la Comisión del Agua y al que dio lectura el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño, quien en conjunto con el diputado Jorge Eugenio Russo Salido, presentó la iniciativa el 7 de octubre de 2021.

Expuso que es necesario establecer límites para que, al existir algún trabajo en los que prestadores de servicios tengan que ampliar, adherir o reparar algún servicio público, al concluir con sus labores se remedie cualquier daño ocasionado a los bienes públicos, a fin de que no se afecte la esfera de derechos del sonorense en materia de movilidad, salud, libre esparcimiento, entre otros.

Por lo tanto se busca que, en los contratos de los Organismos Operadores de Agua se establezca una cláusula especial que establezca, de manera clara y firme, la obligación de garantizar, durante el proceso de ejecución y entrega de un servicio público, a salvaguardar por sus acciones la integridad física de las personas y los bienes de quienes hagan uso o disfrute de vías, vialidades o áreas públicas de uso común que hayan sido o estén sujetas a la conservación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de dichos servicios.

La Comisión de Hacienda presentó un dictamen con punto de Acuerdo que resuelve desechar las iniciativas contenidas en los folios 001-62, 557-62, 652-62, 654- 62, 663-62, 684-62, 717-62, 820-62, 865-62, 867-62, 1007-62, 1192-62, 1479-62, 1580-62, 1582-62, 1597-62, 1881-62, 2220-62, 2559-62, 2598-62, 2605-62, 2606-62, 2747-62, 2770- 62, 2771-62, 2863-62, 2877-62, 2899-62, 2971-62, 3108-62, 3226-62, 3230-62, 3251-62, 3345-62, 3390-62, 3392-62, 3553-62 y 3747-62, pertenecientes a la LXII Legislatura, por actualizarse la figura de la caducidad legislativa, prevista en el segundo párrafo del Artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

La diputada Azalia Guevara Espinoza presentó una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar la fracción XIII y derogar la fracción XXXII, ambas del Artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, a efecto de modificar la denominación de la Comisión de Asuntos Fronterizos para quedar en: Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes, misma que se aprobó como de urgente y obvia resolución.

Afirmó que, de esta manera, la comisión tendrá competencia para analizar los temas relacionados a los migrantes y así contribuir a apoyar a los municipios fronterizos del Estado que padecen los efectos del flujo de migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos, como también de aquellos que son deportados y que se quedan, la mayoría de ellos, en los municipios sonorenses por no tener la manera de regresar con sus familias, lo que genera problemas de seguridad, salubridad y otros.

La Presidencia turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una iniciativa presentada por la diputada Paloma María Terán Villalobos, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora, con el objeto de identificar, prevenir y erradicar el acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos, así como de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los 72 municipios del Estado.

La legisladora informó que busca castigar el delito de hackeo de celulares y usurpación de identidad por medio de este tipo de prácticas y equipos de cómputo, por lo que esas llamadas de consulta y reportes pueden convertirse en denuncia si se modifica la legislación punitiva para poder perseguir el delito, además de que se apliquen penas que irían de dos hasta seis años de prisión, y el doble en tratándose de víctimas menores de edad y adultos mayores.

Una vez desahogado el orden del día, la Presidencia sometió a votación el Decreto que clausura la sesión extraordinaria.

Con oportunidad se publicará en la Gaceta Parlamentaria el aviso para la celebración de la sesión ordinaria de la Diputación Permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.