Cambian denominación a la Ley de los Adultos Mayores

· Se llamará: Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

· Aprueban enviar iniciativa al Congreso de la Unión para proteger a los jornaleros agrícolas

Hermosillo, Son., febrero 18 de 2020.- El cambio de denominación de la Ley de los Adultos Mayores del Estado de Sonora y la adición de una disposición que define situaciones de riesgo o desamparo para estas personas, cuando por diversos factores requieran asistencia y protección del Gobierno del Estado, de los gobiernos municipales y de la sociedad civil organizada, aprobó el Pleno del Congreso del Estado.

De acuerdo al proyecto de Decreto presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad, una vez que éste sea publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, dicha norma se denominará: Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, por considerar que es necesario un lenguaje más inclusivo y en atención a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas.

“La Ley debe ser clara y precisa desde su mismo título, pues como lo propone la iniciativa de mérito, tendremos claridad de que se trata de una norma que busca proteger los derechos de las personas adultas mayores y no un compendio de reglas que afecta sólo a este segmento poblacional”, establece uno de los considerandos del dictamen que se basó en una iniciativa de la diputada María Magdalena Uribe Peña.

A la par del cambio del título de la Ley, el Decreto adiciona una fracción XII al Artículo 5 para quedar como sigue:

XII.- Situaciones de riesgo o desamparo: cuando por problemas de salud, abandono, carencia de apoyos económicos, familiares, contingencias ambientales o desastres naturales, requieran de asistencia y protección del Gobierno del Estado, de los gobiernos municipales y de la sociedad civil organizada.

En esta sesión ordinaria, la asamblea aprobó dos acuerdos, uno que resuelve exhortar a autoridades federales y estatales, para que gestionen y destinen recursos para la construcción de un relleno sanitario y una planta tratadora de aguas residuales en el municipio de Cananea, Sonora, y el otro para presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión, a efecto de que reforme y adicione la Ley Federal del Trabajo en beneficio de los jornaleros agrícolas.

El diputado Carlos Navarrete Aguirre expuso que el Municipio minero más importante del país debe contar con un relleno sanitario, para que los desechos sólidos no contaminen el subsuelo y tiene la ventaja de que es un método completo y definitivo para la eliminación de todo tipo de desechos; es más barato de operar, puede estar cerca de los centros de población, se reducen los costos de transporte y se evitan incendios, entre otros factores.

El Acuerdo con exhorto está dirigido a los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público, a la titular del Poder Ejecutivo estatal y al Secretario de Hacienda del Estado. A propuesta de la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada se adicionó al titular del Poder Ejecutivo Federal y al de la Comisión Nacional del Agua.

La Comisión de Asuntos del Trabajo presentó el dictamen con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo, en ejercicio de la atribución conferida por el Artículo 71, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora, resuelve presentar ante el Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Se trata de proteger a los jornaleros agrícolas en los traslados a sus lugares de trabajo, ya que son numerosos los casos de accidentes que se han presentado en las carreteras y caminos vecinales de la entidad, en los que mayores y menores de edad, que trabajan principalmente en los campos de los municipios de San Luis Río Colorado, Caborca, Carbó, San Miguel de Horcasitas, Opodepe, Hermosillo, Guaymas, Empalme, Navojoa y Huatabampo, han sufrido lesiones de consideración e incluso la pérdida de vidas, y como consecuencia dejan en el desamparo a los que dependen económicamente de ellos.

De acuerdo a la iniciativa presentada por la diputada Marcia Lorena Camarena Moncada, se busca garantizar que los jornaleros agrícolas cuenten con la seguridad social que les corresponde ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que se encuentren asegurados en sus traslados desde sus lugares de origen a los centros de trabajo y posteriormente a su retorno, además de que se responsabilice al patrón que incumpla, para que en caso de fallecimiento de un jornalero, cubra a la familia del fallecido el monto total del valor por seguro de vida que le corresponde.

Turnan iniciativas a comisiones

En el desarrollo de la sesión ordinaria, la Presidencia turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura una iniciativa con punto de acuerdo para que el Poder Legislativo presente ante el Congreso de la Unión un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

El diputado Lázaro Espinoza Mendívil expuso al Pleno que un factor que vulnera la actividad de la pesca ribereña es el deterioro inevitable de la infraestructura pesquera, así como la dificultad para equipar con nuevas tecnologías a las embarcaciones, a fin de hacer frente a los cambios climáticos, ambientales, normativos y económicos registrados en los últimos años, y que afectan gravemente la rentabilidad de toda actividad pesquera.

Lo que propuso en su iniciativa es que en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables se modifique la definición de embarcación menor, que son las utilizadas para desarrollar la actividad pesquera de ribera, con el objeto de que puedan ser equipadas opcionalmente, con maquinaria mecánica y/o hidráulica de cubierta y con motor fuera de borda, lo que generaría a los productores ribereños menor costo de adquisición y de consumo de combustible, entre otros.

Enseguida correspondió a la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada presentar su iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación para el Estado de Sonora, con el propósito de que todos los organismos e instituciones de educación media superior y superior cuenten con una política y planificación que oriente y regule la movilidad, para que cumpla con las expectativas de logro de metas en desarrollo científico, tecnológico y cultural.

“Ante el concepto de movilidad que hemos venido manifestando en la presente iniciativa y dada la realidad de su importancia, vale la pena que nuestro Estado se inscriba en el plano nacional como un promotor e impulsor aún más activo de esta categoría de derechos estudiantiles, con el objeto de revertir la estadística que hoy se conoce en lo que respecta a la práctica de movilidad académica”, expresó la legisladora.

La iniciativa, que establece los beneficios para los estudiantes que logren acceder a la formalización del reconocimiento de estos derechos académicos, se turnó para estudio a la Comisión de Educación y Cultura.

Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Migrantes y de Justicia y Derechos Humanos, estudiarán una iniciativa con proyecto de ley que reforma el Artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Sonora, con el objeto de que se considere a las personas extranjeras como las que no posean las calidades determinadas en el Artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María Dolores Del Río Sánchez afirmó que es imperativo para el Poder Legislativo abonar un marco jurídico fundamental para generar una política pública en materia migratoria, acorde a la realidad nacional e internacional, como un estado de destino y tránsito en el que se respeten los derechos humanos de los extranjeros, con independencia de su estatus migratorio.

La legisladora propuso en su iniciativa establecer derechos y prerrogativas de estas personas, como el derecho a migrar, entrar y transitar por el Estado; respeto a sus derechos humanos; asilo por cuestiones políticas e ideológicas, entre otras.

Y a la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático se remitió para estudio una iniciativa presentada por el diputado Luis Mario Rivera Aguilar, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de Sonora, mediante la cual se establece el procedimiento para la creación de espacios públicos verdes en las zonas urbanas.

Explicó que el diseño, adecuación, mantenimiento y protección de espacios públicos, como centros docentes y de salud; espacios públicos para la recreación, el deporte y zonas verdes destinadas a parques, plazas, jardines o zonas de esparcimiento, deben ser de alta prioridad para los diferentes órdenes de gobierno.

La próxima sesión del Pleno se citó para este jueves 20 de febrero, a las 10:00 horas.

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